Alwaght- El Senado de Brasil ha votado a primeras horas de este miércoles a favor de continuar el juicio político (impeachment) contra la presidenta Dilma Rousseff.
Con 59 votos a favor y 21 en contra, los legisladores brasileños dieron un paso más hacia la destitución de Rousseff, apartada de su cargo desde el pasado mes de mayo.
Este documento deberá ser sometido a una nueva y última sesión del pleno del Senado, que deberá celebrarse a finales del mes en curso, el 25 o 26 de agosto, unos días después de la clausura de los Juego Olímpicos de Río 2016, y durará cinco días.
Para que el impeachment contra Rousseff sea finalmente aprobado, se requerirán dos tercios de los votos de los senadores (54 de 81), cifra que ya superó en esta votación.
Si Rousseff pierde el mandato, quedará inhabilitada para ejercer cargos públicos por ocho años.
Cuando el Senado celebró esta sesión, de más de 16 horas de duración, diversas ciudades brasileñas como Brasilia, Sao Paulo, Aracaju, Recife, Joao Pessoa, Fortaleza y Belo Horizonte fueron escenario de intensas protestas en contra del juicio político contra Rousseff.
Los movimientos sociales y sindicatos suscritos al Frente Brasil Popular participaron en estas protestas para defender la democracia y para alzar la voz de protesta ante Gobierno interino de Michel Temer y sus políticas.
Al portar carteles de “Fora Temer”, los manifestantes expresaron su oposición al proyecto de la Ley Complementaria de Temer, que prevé congelación de salarios, la subcontratación y la precarización del trabajo de los funcionarios y los servicios públicos a la población.
Dilma Rousseff se vio obligada a dejar su cargo por un periodo de 180 días, después de que el Senado aprobó el pasado 12 de mayo, con 55 votos a favor y 22 en contra, el inicio de un juicio político en su contra, una decisión que se considera como un golpe de Estado contra el país latinoamericano y su democracia.
Esto se produjo después de que el pasado 17 de abril, dos tercios de la Cámara Baja del Parlamento de Brasil dieron luz verde a la apertura de un juicio político contra Rousseff, quien fue acusada, sin prueba alguna, por la oposición de maquillaje de los fondos estatales.