Alwaght- Desde 2014, el régimen de Al Jalifa ha revocado la nacionalidad a casi 300 ciudadanos del reino de Bahréin bajo diferentes excusas, según un informe del diario británico The Economist y, el 20 de junio, retiró la ciudadanía al prominente clérigo chií, el sheij Isa Ahmad Qasem tras acusarlo de “difundir el extremismo y el sectarismo”.
El 14 de junio, el régimen de Al Jalifa prohibió las actividades del principal partido opositor bahreiní, Al-Wefaq. Poco antes, había extendido el periodo de detención del sheij Ali Salman, líder de Al-Wefaq, de 4 a 9 años. Un día antes, las fuerzas leales al régimen gobernante habían detenido al presidente del Centro de Derechos Humanos de Bahréin, Nabil Rayab. A principios de junio, Zeinab al-Jawaya, otra destacado opositora bahreiní, abandonó el país después de que las autoridades volvieran a emitir una orden para detenerla.
La monarquía Al Jalifa alega que los opositores crean discordias internas, pero los activistas bahreiníes lo niegan. Tras el Despertar Islámico en 2011, los bahreiníes, en su mayoría, salieron a las calles para pedir nuevos cambios políticos en su país, pero el régimen de Al Jalifa, con el apoyo de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), reprimió a los manifestantes. Tras los llamados de los activistas para derrocar al régimen bahreiní, encabezado por el rey Hamad bin Isa Al Jalifa, se creó una comisión para documentar las violaciones de derechos humanos en el reino. Además, el rey bahreiní, con la ayuda del Reino Unido, realizó ciertos cambios y respondió a algunas demandas de los manifestantes, como la inspección de las cárceles; sin embargo, todavía muchos bahreiníes no están satisfechos de la actuación de sus autoridades.
De momento, el régimen de Al Jalifa ha prohibido cualquier tipo de manifestaciones en Manamá, la capital bahreiní, y las nuevas normas han facilitado la detención y la revocación de la nacionalidad de los ciudadanos opositores. Zeinab al-Jawaya dice que ha sido encarcelado 11 veces, una vez fue por romper una imagen del rey bahreiní. Su padre, Abdulhadi al-Jawaya, un activista de derechos humanos, fue detenido en 2011 por, según las autoridades, conspirar contra la monarquía bahreiní. El año pasado, este activista afirmó: “las autoridades penitenciarias bahreiníes torturan a los prisioneros en el edificio número 10 de la prisión de Jaw. Yo he oído muchas veces los gritos de los prisioneros.”
Críticos, como el ayatolá Qasem y Al Wefaq, normalmente son acusados por el régimen de servir los intereses de países extranjeros, entre ellos, la República islámica de Irán. La verdad es que ese señalamiento carece de fundamento ya que Al Wefaq es solamente un partido chií que busca el establecimiento de una monarquía constitucional en su país y que provocó al régimen bahreiní boicoteando de las elecciones en 2014.
El Gobierno de Bahréin paga millones de dólares a empresas extranjeras para borrar su mala fama creada desde 2011.Durante este mes y después de que las autoridades bahreiníes no permitieron a los miembros de la oposición tomar parte en una reunión de la Naciones Unidas, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos declaró: "La represión no soluciona la insatisfacción popular, sino la aumenta". "Nosotros no perdemos tiempo escuchando las palabras de un alto comisionado que no tiene autoridad ni poder por sí mismo", respondió en su página Twitter el ministro de Asuntos Exteriores bahreiní.
EEUU y el Reino Unido consideran a Al Jalifa un aliado de siempre pero la estabilidad de la monarquía bahreiní puede ser temporal. Las medidas tomadas por el Gobierno árabe provocan a los opositores, entre ellos, los chiíes, quienes están hartos de ser objeto de discriminación. En esta situación, es posible que una parte de los opositores recurran a la violencia o incluso pidan la ayuda de Irán con el fin de planear una revolución.
