Alwaght- El movimientos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) ha denunciado este miércoles la injerencia de Organización de los Estados Americanos (OEA) en Venezuela.
Esto se produjo después de que el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitara el martes la invocación de la Carta Democrática del organismo para el país latinoamericano.
“Se trata de un ataque más -y muy importante- en el proceso de guerra de cuarta generación contra Venezuela”, han afirmado los movimientos de la ALBA en un comunicado.
Además han calificado la creación de este organismo como una medida adoptada por EEUU para “dominar a los países del resto del continente”.
Al referirse a la situación en Brasil, los movimientos también criticaron a Almagro por no pedir a la OEA para que condenen el golpe de Estado en Brasil, sino para “golpear al pueblo que desde hace 17 años viene dando ejemplos de dignidad para defender la soberanía sobre su territorio”.
Por otra parte, los parlamentarios del partido Frente Amplio, entre otros, de Uruguay han rechazado esta medida de la OEA hacia Venezuela y han calificado a Almagro de ser un títere del imperialismo.
Los senadores uruguayos han rechazado la intervención de la OEA en este país y han afirmado que los venezolanos deben resolver sus problemas entre ellos y en un diálogo.
Los jóvenes venezolanos también tienen previsto marchar este miércoles en diversas partes en Caracas, capital venezolana, para rechazar el intervencionismo alentado por la derecha nacional e internacional, luego de que en la víspera Almagro anunciara dicha solicitud.
Esto se produce en el mismo día en que la OEA celebra en Washington, capital estadounidense, una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para tratar la situación en Venezuela, tras la demanda de Almagro.
Almagro recurrió, en un informe de 132 páginas, al artículo 20 de la Carta para “solicitar la convocatoria de un Consejo Permanente de los Estados miembros entre el 10 y el 20 de junio de 2016”, para a su juicio “atender a la alteración del orden constitucional y cómo la misma afecta gravemente el orden democrático” del país.
