Alwaght- La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aseguró el martes que quienes la acusan son corruptos, haciendo referencia a algunos diputados que abogan por someterla a un juicio político.
“Ellos son acusados, yo no tengo acusación. Lo más extraño es que quien me juzga es corrupto”, afirmó Rousseff al reiterar que no había recibido dinero por hechos de la corrupción.
De los 21 senadores de la comisión que debate sobre el juicio político contra la mandataria brasileña, ocho están involucrados en actos ilícitos. Esta lista de los legisladores investigados está encabezado por el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, encargado de iniciar los trámites del mencionado juicio político.
“Todo el mundo sabe que (Cunha) tiene cuentas en el exterior y que está acusado por el Ministerio Público (Fiscalía)”, declaró Rousseff en un acto celebrado en la ciudad brasileña de Salvador, capital del estado nororiental de Bahía.
Por otra parte aseveró que el proceso de impeachment en su contra es no solo un golpe de Estado, sino también una injusticia contra ella.
“Sin delito de responsabilidad, (el proceso de juicio político) es el más descarado golpe, además de una injusticia no solo contra mi persona o mi mandato, sino contra la democracia y los 54 millones de brasileños que me respaldaron con sus votos”, agregó la mandataria.
En este contexto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó en la misma jornada del martes que el golpe de Estado parlamentario contra Brasil es un ataque de EEUU contra los pueblos y gobiernos progresistas de América Latina.
El pasado 17 de abril, dos tercios de la Cámara Baja del Parlamento de Brasil dieron luz verde a la apertura de un juicio político contra Rousseff, quien fue acusada por la oposición de maquillaje de los fondos estatales.
Según las fuentes brasileñas, 367 diputados (el 71,53 por ciento del foro) votó a favor de iniciar un impeachment contra la mandataria, y por tanto el proceso sigue adelante, pues solo se requerían 342 votos para aprobar esta medida.
Ya le toca al Senado decidir si continúa el proceso para la destitución de la presidenta.