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La ley que prohíbe la muerte de las reses vuelve a mostrar la precariedad de la tauromaquia en algunas zonas de España
La fiesta de los toros en las Islas Baleares será diferente después de que esta semana PSOE, Podemos y los econacionalistas de Més aprobaran una ley 'sin sangre y sin muerte' que prohíbe dar muerte al animal en la plaza y el uso de los elementos básicos en una corrida de toros: banderillas, estoques y puntillas. El tripartito defiende que es una ley de «protección animal» y que, por lo tanto, «cumple perfectamente con los límites competenciales del marco autonómico». El Partido Popular anuncia que recurrirá esta norma ante el Constitucional porque «desnaturaliza» la fiesta.
     El debate sobre la tauromaquia está en el núcleo de la opinión pública desde que en enero de 2010, el Parlamento catalán prohibió las corridas de toros en la comunidad. Los aficionados a los toros montaron en cólera, mientras que los llamados animalistas celebraban el indulto al toro para siempre. A finales de 2016, el Constitucional, tras un recurso del PP, anuló la ley. Sin embargo, hoy en día siguen sin celebrarse corridas en Cataluña. «Los empresarios han decidido no abrir las plazas y tienen sus motivos», dice el diestro Diego Ventura. La paradoja es que casi al mismo tiempo de que Cataluña prohibiera los toros, la Comunidad de Madrid los protegió: el Gobierno regional de Esperanza Aguirre declaró en 2011 la lidia como Bien de Interés Cultural. Dos años después, el Gobierno de Rajoy decidió entrar en la disputa, declaró la fiesta como 'Patrimonio Cultural español' y recordó que sólo el Estado puede regular su funcionamiento.
     Desde una de las barreras, los taurinos creen que la 'ley de toros a la balear' va contra ese patrimonio cultural y es injusta. «Estoy convencido de que, dados los razonamientos contenidos en la sentencia sobre Cataluña, el Tribunal Constitucional también declarará inconstitucional la nueva ley de las islas», apunta Luis Hurtado González, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y experto en tauromaquia.
     Sostiene Hurtado González que las corridas de toros no van contra ninguna ley recogida en la Constitución española. El profesor recuerda que algunas comunidades -Navarra, Andalucía, País Vasco, Aragón y Castilla y León- tienen un reglamento taurino propio, pero «nunca han sobrepasado las competencias que marca la ley estatal de 2013», añade.
     Desde el lado contrario, el de los animalistas, la ley balear es un «pequeño paso hacia la prohibición total de las corridas de toros». La presidenta de Pacma, Silvia Barquero, ve ilógico que «el código penal castigue con un año de cárcel el maltrato y asesinato de un animal», y que por el contrario, «el reglamento taurino especifique cómo se debe matar a un toro en la plaza».
Fines partidistas
     
     Ganaderos y diestros están convencidos de que los toros nunca han tenido color político y que el debate actual sobre la tauromaquia «tiene fines partidistas». «Los toros siempre han sido del pueblo», argumenta el matador valenciano Román Collado. «Se está utilizando la tauromaquia desde reductos nacionalistas para romper con España», asegura el ganadero Victorino Martín. Diego Ventura cree que desde ciertos ayuntamientos «los alcaldes legislan contra los toros por miedo a perder su posición política». Y es que muchos vinculan ser aficionado a los toros con simpatizar con la derecha, pero los taurinos niegan esta supuesta relación. Tanto es así, recuerdan, que grandes figuras de la cultura española como Lorca, Miguel Hernández o Picasso eran aficionados a la lidia.
     Incluso en el mismo PSOE existe división interna. Mientras que en 2014 Pedro Sánchez aseguraba que la tauromaquia es cultura, los impulsores de la ley balear son, precisamente, los socialistas. Para Ecologistas en Acción, no se trata de ideologías, sino de «sensibilidad y respeto hacia los animales, que también sufren como las personas».
     La última encuesta de 'Hábitos y prácticas culturales', realizada por el Ministerio de Cultura, muestra que sólo el 10% de los españoles acudió el año pasado a una plaza de toros. Estos datos, para Pacma, son un claro ejemplo de que la mayor parte de los ciudadanos rechaza el «maltrato animal» y que los taurinos son «una minoría», una afirmación que niega vehementemente Victorino Martín: «Lo que ocurre es que la crisis ha afectado a la tauromaquia como a cualquier negocio». A pesar de la bajada del IVA al 10% en espectáculos culturales en directo, entre los que se incluyen las corridas, los ganaderos recuerdan que «el toro de lidia es el único producto agrario que sigue pagando el 21%».
     La disputa entre taurinos y animalistas no es nueva, pero, a juicio de los defensores de la lidia, el movimiento 'anti' es «mínimo» y «sólo» se centra en el toro porque es «lo más mediático». Diego Ventura expone que «es una moda», ya que «ahora queda bien decir que no te gustan los toros», apunta. Román Collado cree que los antitaurinos «no tienen ningún conocimiento y se limitan a criticar. Además, tampoco quieren conocer». Los abolicionistas se defienden y manifiestan que su principal objetivo es acabar con las corridas «porque la prohibición de los toros es el primer paso para conseguir el bienestar de todos los animales», alega la líder de Pacma.
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