Alwaght– La semana pasada, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Philip Hammond, viajó en secreto a Baréin, donde se reunió con las autoridades de alto rango del régimen bareiní como el príncipe Salman bin Hamad bin Isa Al Jalifa, justo cuando el régimen de Al Jalifa prorrogó la detención de una de las principales figuras de la oposición. Esta visita del canciller británico recibió duras críticas de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos (DD.HH.) y de algunos medios de comunicación dentro del Reino Unido. El viaje tuvo lugar un día después de que un tribunal bareiní extendiera por 15 días más el plazo de detención del prominente activista Nabil Rayab. Este caso, al igual que muchos otros, evidencia que las potencias occidentales utilizan el tema de los DD.HH como una herramienta para alcanzar sus fines políticos.
Actualmente, la cuestión de los DD.HH. es considerada uno de los índices para medir el progreso de las civilizaciones y sociedades a nivel internacional. Sin embargo, las ambigüedades a la hora de definir este tema y su uso instrumental es uno de los principales desafíos ante el desarrollo de este índice en el mundo. Las potencias occidentales normalmente emplean su diplomacia pública y mediática para lanzar un ataque propagandístico contra varios otros países del mundo, acusándolos de cometer supuestas violaciones de los DD.HH. Empero, el estudio de la situación de estos derechos en el Occidente y la historia de las intervenciones militares de los países occidentales en el mundo pone de relieve que estas superpotencias no solo carecen de los estándares fundamentales en la materia de los derechos humanos, sino también han protagonizado un rol innegable en un sinnúmero de violaciones de los DD.HH. Durante los últimos años, varias organizaciones activas en el campo de los DD.HH. como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), etc. han manifestado su preocupación por las vulneraciones de los DD.HH. en el Occidente.
La mayoría de las potencias que se presentan como los principales defensores de estos derechos, en realidad persiguen objetivos políticos bajo la cobertura de sus alegaciones humanitarias. Por ejemplo, EE.UU. no ha firmado el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para otorgar al CDH la competencia para examinar las denuncias de los particulares, ni se ha unido a la Corte Penal Internacional (CPI). A nivel regional, EE.UU. tampoco ha firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que obviamente no se encuentra bajo la supervisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según las últimas revelaciones, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha instalado desde el año 2001, instrumentos de escuchas ilegales en todo el país norteamericano para vigilar las conversaciones telefónicas y los correos electrónicos de los ciudadanos estadounidenses y controlar los contactos con el extranjero.
Al principio, estos programas de espionaje estaban dirigidos contra los ciudadanos de origen árabe, pero con el paso del tiempo fueron empleados para vigilar a todos los estadounidenses. La NSA ha instalado más de 25 centros de escuchas en varias ciudades como San José, San Diego, Seattle, Los Ángeles y Chicago, lo que contraviene los más primordiales derechos de los ciudadanos y las libertades individuales.
Estados Unidos y algunos de sus aliados occidentales que acusan a un país como la República Islámica de Irán de violar los DD.HH y la libertad de expresión, invadieron Afganistán en 2001 e Irak en 2003, donde asesinaron a miles de personas y nunca permitieron que los medios de comunicación y los activistas tengan acceso de manera libre a los hechos ocurridos durante sus sangrientas intervenciones militares. Los crímenes cometidos por los invasores solo fueron revelados por terceros como el exanalista de la NSA, Edward Snowden, y Chelsea (Bradley) Manning o durante las guerras por el poder y el cruce de acusaciones entre los partidos políticos de EE.UU. durante las campañas electorales.
Después de los atentados acaecidos el 11 de septiembre de 2001, contra las torres gemelas en Nueva York (EE.UU.), el Congreso de ese país aprobó una serie de restricciones de libertades civiles, mediáticas y de expresión, que fueron promulgadas por el entonces presidente George W. Bush y se convirtieron en una ley.
Entre las leyes que violan los DD.HH. en Estados Unidos se puede destacar la Ley Patriota, denominada en inglés USA PATRIOT Act, que fue aprobada y entró en vigor en el año 2001, así como otras normativas y reglas definidas en las leyes de autorización de la defensa nacional aprobadas en los años 2012, 2013 y 2014, según las cuales, el Gobierno está autorizado a llevar a cabo detenciones no limitadas y extrajudiciales contra los ciudadanos estadounidenses o extranjeros en caso de que los agentes de seguridad vean amenaza la seguridad nacional de EE.UU.
De hecho, a pesar de que las potencias occidentales como EE.UU. fingen buscar el desarrollo de los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), bajo distintas excusas siguen reacios a incorporarse a las más importantes convenciones relacionadas con los DD.HH. a fin de garantizar la continuación de sus flagrantes violaciones a los derechos humanos.
Aunque los casos como la matanza de los ciudadanos afroamericanos en EE.UU. y las protestas de los indígenas de Canadá o los últimos acontecimientos en Francia han destapado en gran medida la grave situación de los DD.HH. en el Occidente, todavía siguen siendo necesarias más acciones y medidas para revelar la verdad ante la opinión pública.
