Alwaght- Chile vive protestas estudiantiles desde 2011 en demanda de una reforma del actual sistema educativo, heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. Solo el 25% del sistema educativo es financiado por el Estado, mientras que los estudiantes aportan el otro 75%. Alwaght ha entrevistado a la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) y la vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Camila Rojas, sobre la importancia de las luchas estudiantiles y los objetivos que buscan estas movilizaciones.
Alwaght: ¿Qué es lo que piden los estudiantes con estas movilizaciones que ya son consideradas como las más importantes de los últimos años y unas de las mayores desde el retorno a la democracia?
Desde el 2011 a la fecha, los estudiantes hemos venido demandando una educación pública gratuita y de calidad para todas las chilenas y chilenos. Esta demanda, con el tiempo, ha ido madurando, comprendiendo que el problema de la educación, en términos generales, así como el sistema de educación superior en particular, dice relación con el mercado. Desde 1981, con la promulgación de la Ley General de Universidades (por ponerle fecha al inicio del proceso de mercadización), hemos visto cómo el mercado se ha ido profundizando y perfeccionando. Este mercado educativo prometía una movilidad social que nunca llegó, y ha tenido como principales consecuencias, un lucro ilegal por los controladores de muchas universidades de mala calidad, un excesivo endeudamiento de los estudiantes y sus familias para poder pagar sus estudios, y un subempleo profesional, donde parte importante de los egresados del sistema trabajan en cuestiones distintas a las que estudiaron.
Frente a todo esto es que como movimiento hemos defendido que la educación debe ser comprendida como un derecho social, y no como un bien de consumo, haciendo retroceder al mercado. Esto se traduce, en el corto plazo, primero, en fortalecer la educación pública, por medio del financiamiento a las instituciones, para que sean capaces de revertir la situación de abandono y sean capaces de absorber al grueso de la matrícula del sistema. En segundo término, es imperante poner fin al funcionamiento de las instituciones de educación superior como empresas, erradicando el lucro del todo el sistema, ý democratizarse tanto internamente, con participación de la comunidad universitaria, así como externamente, respondiendo a las necesidades del país. Esto implica expulsar al empresariado de la educación, que hoy se encuentra fuertemente vinculado con los partidos del gobierno, como lo ejemplifica el caso de Pilar Armanet, quien fue jefa de la División de Educación Superior y Ministra Secretaria de Gobierno de los gobiernos anteriores del oficialismo, y hoy es rectora de una de las Universidades empresas más grande, parte del Grupo Laurete. En último término, que se defina una Estrategia Nacional de Desarrollo de todo el sistema, ya sea a nivel nacional como regional. Con estos elementos, hacemos retroceder al mercado de la educación.
Alwaght: ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno?
En términos generales, el gobierno ha respondido a nuestras demandas de un modo, a lo menos, insatisfactorio. Ha propuesto la creación de una nueva institucionalidad, un nuevo sistema de aseguramiento de la calidad, una red estatal de instituciones, y un nuevo sistema de financiamiento, basado, por un lado, en una política de voucher progresiva y sujeta a condiciones y, por el otro, convenios por y contra desempeño para las instituciones que cumplan requisitos. Sin embargo, estas respuestas son muy débiles, y se deben a las presiones que tiene la coalición oficialista producto del tensionamiento de los intereses empresariales existentes en su interior.
Esta reforma propuesta, en el mejor de los casos, viene a perfeccionar el mercado de la educación superior, morigerando las principales contradicciones, pero sin cambios estructurales, que dicen relación con que el motor de la educación sea la competencia por presupuesto, ya sea por medio de los estudiantes vistos como consumidores, aún pudiendo ser subsidiados por el estado; ya sea por medio de la competencia por fondos públicos y privados.
Alwaght: En su campaña electoral, Michelle Bachelet había prometido la gratuidad total de la educación universitaria... ¿Qué pasó con esta promesa incumplida?
El Gobierno de la Nueva Mayoría tomó esta parte de la demanda del movimiento estudiantil, la vació de contenido y la abordó tan solo como un problema de presupuesto, respecto de quien paga la educación de los más pobres (el 50%, por razones de presupuesto). Esto se tradujo en la implementación de una política de “gratuidad” por medio de un voucher, dado que subsidia a la demanda por medio de la determinación del monto recibido por la institución a partir del número de beneficiarios que ingresan a ella, que en la reforma propuesta se presenta como progresivo en razón del crecimiento económico, pero que es conservativo de los elementos centrales del sistema educativo que, decían, serían cambiados por la reforma que, como ya se comentó, está muy lejos de cumplir ese propósito.
Esto es opuesto a lo que desde el movimiento estudiantil demandamos como gratuidad. Cuando hablamos de ella, lo hacemos afirmando en primer término la educación pública, que debe ser gratuita y de calidad. Esto pone el centro en el funcionamiento del sistema, que debe ser primordialmente público, es decir, que este sistema sea ordenado a partir de los intereses de la sociedad, con participación de ella en su quehacer. Y esa es la educación que debe ser gratuita. El problema de la gratuidad no es tan solo un tema de quien paga, sino que dice relación con la comprensión de la educación como un Derecho Social garantizado, que se opone a la idea de un bien de consumo. Por eso la gratuidad sigue siendo una promesa incumplida, dado que hoy lo que se presenta como gratuidad es más parecido a una beca, que se le entrega a instituciones públicas y privadas en la medida que cumplen requisitos públicos, contemplando hoy instituciones de dudosa calidad y probidad.
Alwaght: ¿Por qué el gobierno chileno no se sienta a dialogar con los sindicatos y confederaciones educativas para encontrar una solución a este conflicto? ¿Por qué no escucha a los jóvenes, en vez de reprimirlos en las calles?
Si bien el gobierno se ha reunido con nosotros, lo ha hecho solo en términos consultivos, no recibiendo, el movimiento, respuestas satisfactorias de esas mesas de diálogo. Eso ocurre, al mismo tiempo que no nos autorizan algunas marchas y nos reprimen en las calles. Y eso se debe fundamentalmente debido a los compromisos económicos que tiene la clase política con los empresarios de la educación, compromiso que es transversal y que atraviesa a toda la política tradicional. Como mencionaba anteriormente, Pilar Armanet es el símbolo de este conflicto de interés, dado que siendo una ex personera de gobiernos oficialistas, hoy es rectora de una de las universidades “empresa” más grande del país.
Entonces, no se escucha a los jóvenes justamente porque se escucha y obedece a esos intereses creados por el mercado educativo.
Alwaght: ¿Estas protestas repercutirán en el sistema político de Chile?
Según las últimas encuestas, los partidos políticos tradicionales se encuentran bajo el 20 y hasta 15 por ciento de aprobación, con una altísima desaprobación. Mientras que en la otra vereda, el movimiento estudiantil cuenta con un apoyo del 63% de la ciudadanía. Si bien las encuestas no son el mejor instrumento para determinar el quehacer de un país, si son indicadores que hay que tener en consideración. Y si existe un compromiso con el país, este se tiene que traducir en respuestas a las demandas de la sociedad, permitiendo que, tras décadas de acallamiento, se permita que esta se exprese, por medio de cambios estructurales.
Entonces, estas protestas, en la medida que son capaces de identificar a amplios sectores de la sociedad, se tornan ineludibles para la clase política, que en la medida que hace oídos sordos se desprestigia y deslegitima. Por lo tanto, la capacidad de que estas protestas repercutan en el sistema político se debe fundamentalmente a la capacidad que estas tienen de identificar a un interés mayoritario de la sociedad, que hoy ha demostrado ser efectivo. Sin embargo, producto del fuerte compromiso que existe entre la política y el empresariado, nada asegura que esto se traduzca en transformaciones en el corto plazo.
