El Congreso boliviano autorizó un juicio de responsabilidades contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, refugiado en EE.UU., y contra varios de sus exministros.
Según el congreso, "Sánchez de Lozada será juzgado por la presunta comisión de los delitos: contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes".
El exmandatario está acusado principalmente de la privatización de la empresa estatal de ferrocarriles ENFE a mediados de la década de los 90 y del uso indebido de un crédito de EE.UU.
El oficialismo también denunció el mal uso de un crédito de 12 millones de dólares de Washington que se benefició a personas privadas y acusa de este delito a Sánchez de Lozada y a varios de sus ministros.
Pese a que no se ha dado a conocer ninguna fecha exacta para el inicio del juicio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), máxima instancia de Bolivia es el responsable del caso.
Desde 2006 también penden sobre él acusaciones de violación de los derechos humanos. Sánchez de Lozada que dirigió el destino de Bolivia en dos períodos, de 1993 a 1997 y de 2002 a 2003, se encuentra en EE.UU, adonde huyó en 2003, tras una revuelta popular.
